Las principales empresas vinculadas con los servicios en las que se quitarán los subsidios comenzarán a ser citadas por el Gobierno para que muestren su situación contable. En concreto, desde la Secretaría de Comercio Interior, que conduce (y seguramente seguirá manejando aunque no continúe como titular) Guillermo Moreno, se les pedirá que lleven sus balances y estructuras de costos. Éstos deberán estar en la oficina del funcionario en no más de 20 días, a tiempo para ser analizados. Moreno enviará luego los documentos a sus asesores, y recién después se autorizará a las empresas a aplicar los aumentos de tarifas derivados de la eliminación de los subsidios.
La intención del Gobierno, según fuentes oficiales, es que la mayor carga que les comience a llegar a los clientes sea exactamente la misma que los subsidios que se quitan. En otras palabras, que no haya nada de este dinero que pueda quedar para las empresas. El 100% de la quita de subsidios deberá ser ingreso neto del Estado, y no eventual incremento en los ingresos de las compañías involucradas.
Una vez que desde el Gobierno perciban que el plan de eliminación de subsidios está controlado (con los aumentos ya vigentes), comenzarán a analizar con las empresas la situación de costos y la posibilidad de negociar una reestructuración tarifaria. Según las mismas fuentes, ésta dependerá de los planes de inversión a las que se comprometan las licenciatarias. Para esto también desde el Gobierno se quiere tener un panorama sobre la estructura de costos (tanto en pesos como en dólares) de estas empresas, además del peso que en esta situación tienen el combustible importado por el Estado.
En el largo listado de las que deberán cumplir con estas obligaciones, figuran no sólo las empresas que emiten las facturas, sino además todas las que están dentro del proceso de producción y transporte de luz, agua y gas. Entre otras, serán citadas por Moreno Edenor, Edesur, Edelap, Metrogas, Gas Natural Ban, AySA, Sudamericana de Aguas, Pampa Holding, TGN y TGS. Al listado se sumarán en el mediano plazo Metrovías, los concesionarios de ferrocarriles y los empresarios del transporte colectivo, pero recién cuando el Gobierno avance con la quita de subsidios en transporte.
Para fijar su estructura de costos desde marzo (y así prefigurar los nuevos márgenes que necesitan), las empresas tendrán también que enfrentar las negociaciones paritarias de manera directa. Moreno les adelantará en las próximas semanas a las empresas que la pauta que deberán respetar tanto los privados como los sindicatos será del 18% de incremento en todo el año. Este porcentaje, aseguran en el Gobierno, será el que se aplique dentro de la propia administración pública nacional, y el que se quiere generalizar también dentro de los privados. Para esto, se considera en Economía que sería de utilidad que el estreno de las paritarias directas entre las prestatarias de servicios públicos post-eliminación de subsidios sea un buen marco de ensayo para aplicar esos porcentajes. Luego, si las negociaciones llegan a buen puerto, la Secretaría de Comercio Interior se sentaría a negociar con las compañías el incremento de las tarifas para absorber el aumento de los costos. Obviamente, éste no llegaría al 18%, sino que sería de no más del 10% para todo 2012.
Moreno también quiere constatar directamente cuál es el porcentaje real de ganancia que tienen las empresas prestadoras, luego de la quita de subsidios. El funcionario está convencido de que la mayoría de estas compañías no es del todo sincera en el momento de asegurar que sus márgenes son mínimos y que no podrán absorber otro aumento en los costos internos, por ejemplo, luego de las paritarias 2012. Hasta ahora, los incrementos salariales de los trabajadores de buena parte de las empresas de servicios públicos terminaban siendo parte de los incrementos anuales de los subsidios, una fuente que el oficialismo cerrará desde enero del próximo año.
La intención del Gobierno, según fuentes oficiales, es que la mayor carga que les comience a llegar a los clientes sea exactamente la misma que los subsidios que se quitan. En otras palabras, que no haya nada de este dinero que pueda quedar para las empresas. El 100% de la quita de subsidios deberá ser ingreso neto del Estado, y no eventual incremento en los ingresos de las compañías involucradas.
Una vez que desde el Gobierno perciban que el plan de eliminación de subsidios está controlado (con los aumentos ya vigentes), comenzarán a analizar con las empresas la situación de costos y la posibilidad de negociar una reestructuración tarifaria. Según las mismas fuentes, ésta dependerá de los planes de inversión a las que se comprometan las licenciatarias. Para esto también desde el Gobierno se quiere tener un panorama sobre la estructura de costos (tanto en pesos como en dólares) de estas empresas, además del peso que en esta situación tienen el combustible importado por el Estado.
En el largo listado de las que deberán cumplir con estas obligaciones, figuran no sólo las empresas que emiten las facturas, sino además todas las que están dentro del proceso de producción y transporte de luz, agua y gas. Entre otras, serán citadas por Moreno Edenor, Edesur, Edelap, Metrogas, Gas Natural Ban, AySA, Sudamericana de Aguas, Pampa Holding, TGN y TGS. Al listado se sumarán en el mediano plazo Metrovías, los concesionarios de ferrocarriles y los empresarios del transporte colectivo, pero recién cuando el Gobierno avance con la quita de subsidios en transporte.
Para fijar su estructura de costos desde marzo (y así prefigurar los nuevos márgenes que necesitan), las empresas tendrán también que enfrentar las negociaciones paritarias de manera directa. Moreno les adelantará en las próximas semanas a las empresas que la pauta que deberán respetar tanto los privados como los sindicatos será del 18% de incremento en todo el año. Este porcentaje, aseguran en el Gobierno, será el que se aplique dentro de la propia administración pública nacional, y el que se quiere generalizar también dentro de los privados. Para esto, se considera en Economía que sería de utilidad que el estreno de las paritarias directas entre las prestatarias de servicios públicos post-eliminación de subsidios sea un buen marco de ensayo para aplicar esos porcentajes. Luego, si las negociaciones llegan a buen puerto, la Secretaría de Comercio Interior se sentaría a negociar con las compañías el incremento de las tarifas para absorber el aumento de los costos. Obviamente, éste no llegaría al 18%, sino que sería de no más del 10% para todo 2012.
Moreno también quiere constatar directamente cuál es el porcentaje real de ganancia que tienen las empresas prestadoras, luego de la quita de subsidios. El funcionario está convencido de que la mayoría de estas compañías no es del todo sincera en el momento de asegurar que sus márgenes son mínimos y que no podrán absorber otro aumento en los costos internos, por ejemplo, luego de las paritarias 2012. Hasta ahora, los incrementos salariales de los trabajadores de buena parte de las empresas de servicios públicos terminaban siendo parte de los incrementos anuales de los subsidios, una fuente que el oficialismo cerrará desde enero del próximo año.
Sobre la titularidad de esas empresas no vamos a discutir ?
ResponderEliminarSupongo que no, por?
ResponderEliminarPor el punto margen , me interesaría saber el "el margen" de aysa porque entiendo que el 100% del margen debe reinvertirde en la ampliación y mejoras de la red . En cambio en Edesur como mucho solo un 20% del margen va a la empresa y el otro 80% se va para España , lo mismo en Edenor y TGS etc . Me parece que es algo que debe tenerse muy en cuenta al estuidiar los costos de estas empresas y el valor de las tarifas
ResponderEliminarDe Vido ya dijo que las tarifas no van a aumentar. Y si aumentan, seguro q se van a subsidiar al menos un año
ResponderEliminarPero lo que yo te decia es otra cosa , digo cuanto reiinvierte una empresa publica y cuanto una privada y cual es la ventaja de tener empresas privadas que reinvierten menos y fugan mas , con las tarifas lo que digo es que las tarifas en una empresa pìblica pueden ser mas bajas que en una privada y es algo que no se esta discutiendo .
ResponderEliminarDelatorre ponia en Pagina la salida de las privatozadas de los 90 y la realidad es que no hubo salida y siguen privatizadas
Es obvio q mejor es una empresa pública, pero tambien hay que tener razones objetivas para terminar un contrato, sino los expedientes en el CIADI van a llegar al techo
ResponderEliminarBueno lo primero que hay que hacer es denunciar todos los acuerdos de inversión que así se acaban todos en 10 años .
ResponderEliminarTambién se que a través de la ley de tierras se busca meter una cuña para que todos esos acuerdos queden sin efecto prohibiendole a todas las empresas a hacer juicios afuera si quieren hacer juicio deben ir a la justicia argentina .
Hay muchas cosas por profundizar
Un abrazo