Mucho se ha hablado en los últimos años acerca de la creación de una
Junta Nacional de Granos que compre y venda la totalidad de la
producción agrícola del país. Pero lo cierto es que luego del
fallecimiento de Néstor Kirchner la iniciativa perdió fuerza.
Sin embargo, en las últimas semanas surgió un polémico plan ideado por parte de autoridades de Agricultores Federados Argentinos (AFA) que fue de inmediato fogoneado por funcionarios del Gobierno nacional con el aval de Cristina Kirchner.
El proyecto de AFA –cooperativa fuertemente vinculada a Federación Agraria- consiste básicamente en intervenir los mercados de trigo y maíz y cambiar así la relación comercial entre grupos exportadores de granos y entidades cooperativas y acopios.
Por tal motivo, según pudo saber La Política Online, el proyecto de AFA fue fuertemente objetado por amplios sectores de la exportación nucleados en Ciara-CEC y de la desdibujada Industria Molinera (FAIM) que lidera el kirchnerista Alberto España.
A grandes rasgos, los aspectos más resistidos por estos sectores de la cadena comercial son aquellos vinculados a la obligación de contar con certificados de libre disponibilidad para poder concretar ventas al exterior de cereales y harinas.
“Hay varios puntos que no nos quedan claros y que pedimos a la gente de AFA que los revisen para lograr una mayor claridad de conceptos”, dijo Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Exportadores de Cereales.
La iniciativa tampoco fue muy bien recibida por las entidades del agro, quienes –salvo la FAA- se mostraron un tanto reticentes a implementar dichas modificaciones que, según consideran, generarían grandes trastornos en la comercialización agrícola.
Como sea, las entidades no tienen mucho margen de maniobra dado que, más allá de las modificaciones puntuales que puedan hacerse en estos días al proyecto, el Gobierno nacional tiene intenciones de comenzar aplicarlo a partir del 10 de diciembre próximo.
“La idea es transferir el poder de los ROEs de la exportación al productor”, explicó el subsecretario de Agricultura Oscar Solís, quien confirmó que una vez que se ultimen los detalles de la iniciativa, se lo presentarán a la Presidenta para que dé el visto bueno.
“Hay que mejorar el actual esquema de comercialización y evitar los descuentos que aplican las exportadoras a los productores, que en el caso del maíz, rondan los 70 dólares por tonelada”, comentó el funcionario del Ministerio de Agricultura a LPO.
En tanto que desde la propia AFA admitieron a este medio que durante los próximos días seguirán analizando los pedidos de cambios efectuados por los sectores que se oponen. “Ellos nunca quieren perder los grandes beneficios”, apuntó un alto directivo.
Por su lado, el analista de mercados y director de la consultora Kimei Cereales, Javier Buján, opinó que “con este sistema ningún productor podrá tomar coberturas de precios a futuro hasta tanto no haya sembrado y declarado ante la AFIP dicha siembra”.
“Estoy convencido que nuestro mercado tiene la total capacidad de auto regularse sin inconvenientes. Las consecuencias se las limitaciones que impone el proyecto pueden ser nefastas para la producción agrícola del país”, alertó Buján.
La letra chica del proyecto
El proyecto original de AFA –que está siendo revisado en estos días– especifica que el productor sólo podrá vender por adelantado un 20% de la producción por cosechar (que en este caso arrancaría con la campaña en curso 2011/12).
La propuesta también contempla un aspecto muy difícil de instrumentar en la práctica para la mercadería destinada al mercado interno. En este caso se prevé la creación de un fideicomiso que compre a los productores y venda a la demanda interna.
Al parecer, el administrador del fideicomiso serían las principales Bolsas de Cereales de y el mismo se conformaría con recursos aportados por el Estado nacional, según detalla el proyecto al que tuvo acceso LPO.
Tampoco queda claro el punto que hace referencia a la calidad del trigo destinada al mercado interno, ya que la demanda local requiere productos de diferentes grados para necesidades distintas.
Otra de las cuestiones sin resolver es el impacto de la iniciativa en el mercado de futuros de trigo y maíz, el cual advierten que podría desaparecer ya que ambos cereales pasarían a comercializarse mayormente en el mercado disponible. (La Politica On Line)
Sin embargo, en las últimas semanas surgió un polémico plan ideado por parte de autoridades de Agricultores Federados Argentinos (AFA) que fue de inmediato fogoneado por funcionarios del Gobierno nacional con el aval de Cristina Kirchner.
El proyecto de AFA –cooperativa fuertemente vinculada a Federación Agraria- consiste básicamente en intervenir los mercados de trigo y maíz y cambiar así la relación comercial entre grupos exportadores de granos y entidades cooperativas y acopios.
Por tal motivo, según pudo saber La Política Online, el proyecto de AFA fue fuertemente objetado por amplios sectores de la exportación nucleados en Ciara-CEC y de la desdibujada Industria Molinera (FAIM) que lidera el kirchnerista Alberto España.
A grandes rasgos, los aspectos más resistidos por estos sectores de la cadena comercial son aquellos vinculados a la obligación de contar con certificados de libre disponibilidad para poder concretar ventas al exterior de cereales y harinas.
“Hay varios puntos que no nos quedan claros y que pedimos a la gente de AFA que los revisen para lograr una mayor claridad de conceptos”, dijo Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Exportadores de Cereales.
La iniciativa tampoco fue muy bien recibida por las entidades del agro, quienes –salvo la FAA- se mostraron un tanto reticentes a implementar dichas modificaciones que, según consideran, generarían grandes trastornos en la comercialización agrícola.
Como sea, las entidades no tienen mucho margen de maniobra dado que, más allá de las modificaciones puntuales que puedan hacerse en estos días al proyecto, el Gobierno nacional tiene intenciones de comenzar aplicarlo a partir del 10 de diciembre próximo.
“La idea es transferir el poder de los ROEs de la exportación al productor”, explicó el subsecretario de Agricultura Oscar Solís, quien confirmó que una vez que se ultimen los detalles de la iniciativa, se lo presentarán a la Presidenta para que dé el visto bueno.
“Hay que mejorar el actual esquema de comercialización y evitar los descuentos que aplican las exportadoras a los productores, que en el caso del maíz, rondan los 70 dólares por tonelada”, comentó el funcionario del Ministerio de Agricultura a LPO.
En tanto que desde la propia AFA admitieron a este medio que durante los próximos días seguirán analizando los pedidos de cambios efectuados por los sectores que se oponen. “Ellos nunca quieren perder los grandes beneficios”, apuntó un alto directivo.
Por su lado, el analista de mercados y director de la consultora Kimei Cereales, Javier Buján, opinó que “con este sistema ningún productor podrá tomar coberturas de precios a futuro hasta tanto no haya sembrado y declarado ante la AFIP dicha siembra”.
“Estoy convencido que nuestro mercado tiene la total capacidad de auto regularse sin inconvenientes. Las consecuencias se las limitaciones que impone el proyecto pueden ser nefastas para la producción agrícola del país”, alertó Buján.
La letra chica del proyecto
El proyecto original de AFA –que está siendo revisado en estos días– especifica que el productor sólo podrá vender por adelantado un 20% de la producción por cosechar (que en este caso arrancaría con la campaña en curso 2011/12).
La propuesta también contempla un aspecto muy difícil de instrumentar en la práctica para la mercadería destinada al mercado interno. En este caso se prevé la creación de un fideicomiso que compre a los productores y venda a la demanda interna.
Al parecer, el administrador del fideicomiso serían las principales Bolsas de Cereales de y el mismo se conformaría con recursos aportados por el Estado nacional, según detalla el proyecto al que tuvo acceso LPO.
Tampoco queda claro el punto que hace referencia a la calidad del trigo destinada al mercado interno, ya que la demanda local requiere productos de diferentes grados para necesidades distintas.
Otra de las cuestiones sin resolver es el impacto de la iniciativa en el mercado de futuros de trigo y maíz, el cual advierten que podría desaparecer ya que ambos cereales pasarían a comercializarse mayormente en el mercado disponible. (La Politica On Line)
Pero, no entiendo .¿A quienes beneficiaría el proyecto y a quiénes perjudicaría? ¿Significa más o menos intervención del Estado? ¿A favor de quién? ¿Cómo repercute esto en los consumidores locales de harina, pan, fideos?
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