8 de septiembre de 2011

El refugio politico - El camino de Magneto


Pidio refugio político a Chile un camarista mendocino procesado por colaborar con la represión ilegal


Se trata de Otilio Roque Romano, quien es investigado por su participación en 107 casos de lesa humanidad. Tenía que presentarse ayer ante la Justicia. El gobierno de Sebastián Piñera le otorgó una visa temporaria de ocho meses.



El camarista mendocino Otilio Roque Romano, quien se encuentra procesado por más de 100 delitos de lesa humanidad en la última dictadura, pidió refugio político en Santiago de Chile al gobierno de Sebastián Piñera, que ya le otorgó una visa por ocho meses para permanecer en ese país.

El juez federal de Mendoza Walter Bento, quien procesó a Romano por su supuesta participación en 107 casos de delitos de "lesa humanidad", le comunicó hoy al Consejo de la Magistratura de la Nación que Interpol Buenos Aires le informó que el camarista recibió de Chile una visa para permanecer ocho meses en ese país y solicitó refugio.

Romano tenía plazo hasta ayer a las 13 para presentarse en el juzgado pero no lo hizo, ya que se fue a Chile el 24 de agosto pasado, un día antes que el Consejo lo enviara a juicio político y lo suspendiera en el cargo.

La nota del Consejo dice textualmente:
"El Dr. Otilio Romano se encuentra en la República de Chile con una visa temporaria por ocho meses, donde solicitó refugio".

El hecho podría generar alguna tensión diplomática entre ambos países si se tiene en cuenta el antecedente de la negativa del Gobierno argentino de extraditar a Chile a Galvarino Apablaza Guerra, acusado del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro del empresario Christian Edwards del Río, ocurridos en 1991.

La Comisión Nacional para Refugiados resolvió en setiembre del año pasado darle el asilo político en el país a Apablaza Guerra en contra del pedido de extradición de Chile y de un fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina, que había autorizado el envío del acusado, aunque dejando en el Ejecutivo Nacional la decisión de concederle el refugio.

El virtual permiso trasandino que recibió Romano y su pedido de refugio ya tuvo el primer cimbronazo político en Chile, donde el diputado comunista Hugo Gutiérrez le pidió hoy a su gobierno la inmediata expulsión del país del acusado. "No puede este sujeto estar en nuestro territorio y tiene que ser expulsado a fin de que la Justicia argentina proceda a su ajusticiamiento en conformidad al Estado", opinó Gutiérrez.

Ahora en los tribunales mendocinos se daba por descartado que el juez Bento pediría autorización al Consejo para dictar una orden de captura internacional contra Romano, la que deberá ser ejecutada por Interpol.

En tanto, el Consejo de la Magistratura señaló "la intención evidente del Dr. Romano de abstraerse" del juicio político, por lo que el presidente del cuerpo, Mario Fera, citó para el próximo jueves a un plenario extraordinario para quitarle los haberes que cobra.
Romano está procesado por su supuesta participación en 107 casos de delitos de "lesa humanidad", la mitad de los cuales está camino al juicio oral y público.

La imputación en su contra lo sindica como presunto "partícipe primario" en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor.

Es que Otilio Romano era fiscal, y eventualmente juez subrogante, en la época de la dictadura y fue denunciado en agosto de 2009 por organismos de derechos humanos por no haber impulsado investigaciones en el marco de los crímenes de la dictadura. Junto a Romano también fue denunciado Luis Miret, que fue juez durante la última dictadura y se desempeñaba como camarista hasta que fue destituido en marzo pasado.

De acuerdo al procesamiento de la Cámara Federal, Romano habría "facilitado la impunidad de los responsables" en "torturas y privaciones ilegítimas de la libertad" y así "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones".

Entre los hechos que se le atribuyen figura el caso de una menor de edad, una joven de 17 años llamada Luz Faingold, que fue detenida y llevada a la cárcel de adultos de la D2, en Mendoza, y en un juicio reabierto en los últimos años aseguró que había visto a Romano en ese predio.

Por estos hechos el Consejo lo suspendió en sus funciones de magistrado y lo mandó a juicio político. Por unanimidad, Romano fue acusado de "presunto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos", una fórmula utilizada regularmente para la suspensión de los magistrados y que, en este caso, se vincula con presunta connivencia con las fuerzas represivas que sojuzgaron a la Argentina entre 1976 y 1983.

Es de Clarin


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