Kicillof, encargado del cálculo que alterará a Moyano

Axel Kicillof ya tiene su primera tarea trascendente asignada. Deberá hacer los cálculos fiscales para que en 2012 el Gobierno lance la suba del mínimo no imponible de Ganancias. La tarea tiene detrás un punto fundamental, casi revolucionario, en la política laboral del Gobierno: desde el año próximo, tanto la decisión como el momento para anunciarla será responsabilidad total del Ejecutivo, y formará parte de los cálculos que los sindicatos deberán tener en cuenta para determinar el incremento salarial. En otras palabras, la suba del mínimo tendrá que tenerse en cuenta junto con el incremento salarial en cada rubro, que, según el Gobierno, no debería superar el 20% incluyendo tanto el aumento como el beneficio del mínimo.

Este nuevo nivel se trata de un cálculo econométrico, de los que Kicillof presume de ser especialista. De hecho, como profesor de la UBA, se destacaba por efectuar este tipo de mediciones. Sin embargo, en su nueva tarea de secretario de Política Económica o virtual viceministro de Hernán Lorenzino, tendrá que recomendar una decisión con altísimo voltaje político. Del número que determinen sus cálculos, dependerá el aumento anual promedio de los salarios en 2012, y, en consecuencia, de la relación que tendrá luego el Ejecutivo con la gran masa de sindicatos que representan a los trabajadores nacionales. Dicho de otra manera, de lo que mida Kicillof, y luego avalen Lorenzino, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y finalmente decida Cristina de Kirchner, puede depender la relación en política laboral que habrá con Hugo Moyano y el resto de la CGT oficial. Todo esto más allá del resto de potenciales problemas que haya entre el Gobierno nacional y el camionero por la multitud de potenciales conflictos, actuales y futuros, que se van abriendo entre ambos. 

En el caso del mínimo de Ganancias, según lo que aprobaría hoy Diputados y en pocos días el Senado, el cambio que le otorga al Gobierno la posibilidad de aplicar a destajo hacia adelante cambios sin consultar ni al Congreso ni a ninguna fuerza social, incluyendo gremios, le da garantías al Ejecutivo de tomar la decisión cuando fiscal y políticamente más les cierre a las cuentas públicas y a la estrategia laboral anual. En los últimos años la decisión de subir el mínimo no imponible fue una consecuencia de los resultados de las negociaciones paritarias anuales; y un premio especialmente diseñado por Néstor Kirchner hacia Hugo Moyano por su apoyo político. De hecho, era el camionero el que, parado al lado del funcionario que anunciara la medida, avalaba la decisión. En general, se hacía además entre mayo y junio, cuando las negociaciones paritarias ya estaban encaminadas y los porcentajes, casi cerrados. En la realidad, para los trabajadores en relación de dependencia, implicaba un doble aumento salarial; uno cuando se comenzaba a aplicar el incremento negociado, y otro cuando se corregía por el nuevo piso de Ganancias. Dependiendo del año y del aumento del mínimo, podrían verse afectados entre cinco y seis millones de trabajadores. 

Hacia adelante, esta lógica será la que cambiará. Kicillof tendrá que incluir en sus cálculos los efectos del aumento promedio de salarios en negociaciones paritarias que también aplicará el Gobierno, sin negociar antes con Moyano como hasta ahora; junto con diferentes escenarios de subas de los mínimos de Ganancias. La cifra final dependerá entonces de los números del secretario, y no del nivel que Moyano y otros gremios determinen como necesario, para que gran parte de los aumentos salariales no se vaya con la presión impositiva del tributo a la renta en los trabajadores en relación de dependencia. 

En el fondo de la medida hay una cuestión, si se quiere, ideológica. Sucede que para el Gobierno, hay gremios que en los últimos años lograron incrementos salariales muy favorables, que ubican a gran parte de los afiliados a estos sectores dentro de un grupo de operarios con sueldos más bien altos. Sería el caso, entre otros, de los trabajadores petroleros, mineros, bancarios, de terminales automotrices, algunos sectores metalúrgicos, de alimentos y bebidas y, especialmente, los bancarios. En estos casos, aseguran en el Gobierno, se trata de sectores que cobrarían no menos de 9.000 pesos mensuales y, en algunos casos, más de 15.000 pesos. En todos los casos estarían afectados por el actual nivel del mínimo de Ganancias, de 7.998 para los casados con dos hijos y 5.892 para los solteros. Un nuevo aumento, sin una suba del mínimo, haría que la situación incluso empeorara. 

Según la visión oficial, con este nivel salarial, las retribuciones de los trabajadores estarían bien atendidas, y los esfuerzos oficiales deberían concentrarse en los sectores que aún están por debajo del mínimo. Sería el caso, entre otros, del comercio, textiles, construcción, encargados de edificios, plásticos y las pymes en general. 

Obviamente, no es la idea de Moyano. El camionero considera directamente que el mínimo debería estar por encima de los 12.000 pesos, pero anunciando la suba ya, para que no se aplique en los premios y los pagos extras de fin de año. El camionero asegura que el pago de Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia es una incongruencia, y así lo hará saber cuando hable mañana ante más de 50.000 personas (según asegura que se congregarán su hijo Pablo desde la secretaría del sindicato de Camioneros). Según asesores del camionero, éste será uno de los capítulos que tiene en carpeta Moyano, como azote a la política laboral del Gobierno.

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